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Tema 6: Castilla-La Mancha: Estatuto e instituciones

Policía Local de Castilla-La Mancha · categoría de Policía

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Epígrafe oficial

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: su Estatuto de Autonomía. De las Instituciones de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: Las Cortes de Castilla-La Mancha, el Presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno.

Resumen

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha es la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto (BOE núm. 195, de 16/08/1982; BOE-A-1982-20820), en vigor desde el 17 de agosto de 1982. Ha sido reformado por las Leyes Orgánicas 6/1991 y 2/2014 (art. 10.2, régimen electoral), 7/1994 (competencias) y, sobre todo, 3/1997, que reescribió buena parte del texto, y su disposición adicional primera (tributos cedidos) por las Leyes 26/2002 y 25/2010. A 01/10/2026 el texto consolidado del BOE no recoge ninguna reforma posterior a la LO 2/2014 ni hay en el BOE una ley orgánica de reforma de 2025 o 2026, de modo que el Estatuto vigente es el de 1982 con esas modificaciones. Se estructura en un título preliminar (arts. 1-7), seis títulos (I, instituciones; II, Administración de Justicia; III, organización territorial; IV, competencias; V, economía y hacienda; VI, reforma) y disposiciones adicionales, transitorias y final. Este tema estudia el Estatuto en general y sus instituciones; las competencias y el Consejo Consultivo son el tema 7.

Título preliminar. Castilla-La Mancha accede a su autogobierno conforme a la Constitución y al Estatuto, que es su norma institucional básica; la Junta de Comunidades es la institución en la que se organiza política y jurídicamente ese autogobierno, dentro de la indisoluble unidad de España, y tiene plena personalidad jurídica (art. 1). Su territorio es el de los municipios de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, y la organización territorial propia mantendrá en todo caso la demarcación provincial (art. 2). Son ciudadanos de Castilla-La Mancha quienes tengan vecindad administrativa en cualquiera de sus municipios, y gozan de sus derechos políticos los españoles residentes en el extranjero cuya última vecindad fuera la región, si lo acreditan en el Consulado, y sus descendientes inscritos como españoles si lo solicitan (art. 3). Los derechos y deberes son los de la Constitución, y los poderes públicos regionales deben promover la igualdad real, incluida la del hombre y la mujer, con objetivos básicos como el pleno empleo, la superación de los desequilibrios territoriales o la reforma agraria (art. 4).

Símbolos y sede (arts. 5-7). La bandera es un rectángulo dividido verticalmente en dos cuadrados iguales: el del mástil, rojo carmesí con un castillo de oro mazonado de sable y aclarado de azur, y el otro, blanco; ondea en los edificios públicos regionales, provinciales y municipales junto a la de España, que ocupa lugar preeminente. El escudo y el himno los fija una ley de las Cortes regionales, y provincias, comarcas y municipios conservan sus emblemas (art. 5). La sede de las instituciones la fija una ley regional (art. 6). Las comunidades castellano-manchegas asentadas fuera pueden pedir el reconocimiento de su origen, que nunca implica derechos políticos (art. 7).

Instituciones (título I). Los poderes de la región se ejercen a través de la Junta de Comunidades, cuyos órganos son las Cortes de Castilla-La Mancha, el Presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno (art. 8). Las Cortes representan al pueblo de la región y son inviolables; ejercen la potestad legislativa (que solo pueden delegar en el Consejo de Gobierno en los términos de los arts. 82-84 CE), controlan la acción del Consejo de Gobierno, aprueban los presupuestos, establecen tributos, aprueban los convenios con otras Comunidades, designan a los Senadores de la Comunidad, eligen al Presidente de la Junta, exigen responsabilidad política, ejercen la iniciativa legislativa ante el Estado, interponen recursos de inconstitucionalidad y aprueban las cuentas generales (art. 9).

Composición y estatuto de las Cortes (arts. 10-12). Se eligen por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, por cuatro años y con representación proporcional; la circunscripción es la provincia; las elecciones las convoca el Presidente de la Junta para que se celebren el cuarto domingo de mayo cada cuatro años, y la Cámara tiene entre 25 y 35 Diputados (art. 10.2, en la redacción de la LO 2/2014). La Ley 5/1986, Electoral de Castilla-La Mancha, fija hoy 33 Diputados, con un mínimo inicial de 3 por provincia y los 18 restantes en proporción a la población (art. 16), y deja fuera a las candidaturas que no alcancen el 3 % de los votos válidos de la circunscripción (art. 17). Los Diputados no tienen mandato imperativo, gozan de inviolabilidad por sus votos y opiniones aun después de cesar y, durante su mandato, solo pueden ser detenidos por delitos cometidos en la región en flagrante delito; sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio decide el Tribunal Superior de Justicia (fuera de la región, la Sala de lo Penal del Supremo) (art. 10.3). Las Cortes eligen a su Presidente y Mesa, funcionan en Pleno y Comisiones, tienen Diputación Permanente y celebran sesiones extraordinarias a petición de la Diputación Permanente, de una quinta parte de los Diputados o del Presidente del Consejo de Gobierno (art. 11). La iniciativa legislativa corresponde a los Diputados a través de sus Grupos y al Consejo de Gobierno; las leyes las promulga en nombre del Rey el Presidente y se publican en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, cuya fecha cuenta para su entrada en vigor, y en el BOE (art. 12).

El Presidente de la Junta (art. 14 del Estatuto y título I de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo, BOE-A-2004-1974, vigente con las modificaciones de las Leyes 5/2019 y 3/2020). Dirige la acción del Consejo de Gobierno, coordina a sus miembros y ostenta la superior representación de la región y la ordinaria del Estado en ella. Lo eligen las Cortes de entre sus miembros y lo nombra el Rey. Tras cada elección, el Presidente de las Cortes, previa consulta con los grupos, propone un candidato, que expone su programa y pide la confianza: necesita mayoría absoluta y, cuarenta y ocho horas después, mayoría simple; si en dos meses ninguna propuesta logra la mayoría simple, queda automáticamente designado el candidato del partido con mayor número de escaños (art. 14.5). Es incompatible con cualquier otro cargo público salvo el de Diputado regional (art. 3 Ley 11/2003); nombra y separa a Vicepresidentes y Consejeros, fija el número y denominación de las Consejerías, convoca y disuelve las Cortes y promulga las leyes (arts. 5 y 6); le sustituyen los Vicepresidentes por su orden y, en su defecto, el Consejero más antiguo que sea Diputado (art. 7). Cesa por renuncia, pérdida de la confianza, elección de nuevo Presidente tras las elecciones o condena firme de inhabilitación (art. 8). Desde la Ley 5/2019, la limitación de sus mandatos es la que establezcan la Constitución o las leyes del Estado (disposición adicional tercera).

El Consejo de Gobierno (arts. 13, 15 y 16 del Estatuto y título II de la Ley 11/2003) es el órgano ejecutivo colegiado de la región: dirige la acción política y administrativa, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Lo forman el Presidente, los Vicepresidentes, en su caso, y los Consejeros, nombrados y cesados por el Presidente, y responde políticamente ante las Cortes de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad de cada Consejero. Aprueba los proyectos de ley, dicta los Decretos Legislativos y los reglamentos y nombra a los altos cargos (art. 11 Ley 11/2003). Para ser Consejero hay que ser mayor de edad y tener los derechos de sufragio activo y pasivo (art. 12); se constituye válidamente con el Presidente y al menos la mitad de los demás miembros (art. 13), decide tras deliberación y sin votación formal (art. 14) y sus deliberaciones son secretas y sus actas no son públicas (art. 16). Cesa tras las elecciones, por pérdida de la confianza o por dimisión o fallecimiento del Presidente, y sigue en funciones hasta que toma posesión el nuevo; en funciones no puede aprobar el proyecto de Presupuestos ni someterse a la cuestión de confianza (art. 16 Estatuto y art. 18 Ley 11/2003). La responsabilidad penal del Presidente y los Consejeros se exige ante el TSJ por actos en la región y ante la Sala de lo Penal del Supremo fuera de ella (art. 17 Estatuto). Sus miembros tienen un régimen estricto de incompatibilidades y deben declarar actividades, bienes y rentas (arts. 19-21 Ley 11/2003).

Relaciones entre el Consejo de Gobierno y las Cortes (arts. 19-22 del Estatuto). El Consejo responde solidariamente ante las Cortes, que pueden reclamar la presencia de sus miembros. La cuestión de confianza la plantea el Presidente, previa deliberación del Consejo, sobre cualquier tema de interés regional y se otorga por mayoría simple; si se plantea sobre un proyecto de ley, este se entiende aprobado si la confianza obtiene mayoría absoluta, pero esa modalidad solo cabe una vez por período de sesiones y nunca para los Presupuestos ni para leyes electorales, orgánicas o institucionales (art. 20). La moción de censura debe proponerla al menos el 15 % de los Diputados con un candidato, se vota pasados cinco días (con alternativas en los dos primeros) y exige mayoría absoluta; si fracasa, sus firmantes no pueden presentar otra en un año (art. 21). El Presidente puede disolver anticipadamente las Cortes por decreto, bajo su exclusiva responsabilidad, salvo durante el primer período de sesiones, cuando quede menos de un año de legislatura, con una moción de censura en trámite, antes de un año desde la anterior disolución o con un proceso electoral estatal convocado; la nueva Cámara solo dura hasta el término natural de la legislatura original (art. 22).

Administración de Justicia y organización territorial (títulos II y III). El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha tiene su sede en Albacete y ante él se agotan las instancias procesales en los términos del art. 152 CE (art. 23); los ciudadanos participan mediante el jurado (art. 28); la organización del Ministerio Fiscal es exclusiva del Estado (art. 25.2). La región se organiza en municipios y provincias; por ley regional pueden reconocerse comarcas, agrupaciones funcionales y comunidades supramunicipales como las de Villa y Tierra o el Señorío de Molina (art. 29). Las Diputaciones gobiernan las provincias y pueden recibir transferencias o delegaciones de la Junta por ley regional (art. 30).

Reforma del Estatuto (art. 54). La iniciativa corresponde al Consejo de Gobierno, a las Cortes de Castilla-La Mancha a propuesta de una cuarta parte de sus miembros, y al Gobierno y a las Cortes Generales; la propuesta exige mayoría absoluta de las Cortes regionales y aprobación de las Cortes Generales por ley orgánica, y, si no se aprueba, no puede volver a votarse hasta pasado un año. A diferencia de los Estatutos aprobados por la vía del art. 151 CE, la reforma no exige referéndum. Por último, la institución autonómica del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, creada por la Ley 16/2001, fue suprimida por la Ley 12/2011, de 3 de noviembre (BOE-A-2012-3444), por lo que hoy no forma parte de las instituciones de la región.

Claves para el examen

Truco

Investidura castellano-manchega: «absoluta, 48 horas, simple… y a los dos meses gana el más votado» (el partido con más escaños queda designado, sin nuevas elecciones). Y la censura: «15-5-2-1»: 15 % de firmas, 5 días de espera, 2 días para alternativas y 1 año de castigo si fracasa.

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