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Artículo 25 de la Ley 39/2015: Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio

Título II. De la actividad de las Administraciones Públicas › Capítulo I. Normas generales de actuación · Texto consolidado del BOE, actualizado a 25/09/2026

📄 Ver el documento original ↗ en el BOE (BOE-A-2015-10565)

Artículo 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio.

1. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95.

2. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

Texto consolidado. Fuente: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Actualizado a 25/09/2026.

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  1. En un procedimiento sancionador iniciado de oficio, si vence el plazo máximo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se produce:

    1. La estimación por silencio a favor del inculpado
    2. La imposición automática de la sanción propuesta
    3. La suspensión del plazo hasta que se resuelva
    4. La caducidad del procedimiento
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    d) La caducidad del procedimiento. Art. 25.1.b) Ley 39/2015: en los procedimientos en que la Administración ejerce potestades sancionadoras o de intervención con efectos desfavorables se produce la caducidad, y la resolución que la declara ordena el archivo de las actuaciones.

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