Tema 48: Ley de Seguridad Ciudadana

Policía Local de Castilla-La Mancha · categoría de Policía

Resumen

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (BOE núm. 77 de 31/03/2015, en vigor desde el 01/07/2015) sustituyó a la Ley Orgánica 1/1992. Se dicta al amparo del art. 149.1.29.ª de la Constitución (seguridad pública, competencia exclusiva del Estado) y se estructura en cinco capítulos con 54 artículos. Su texto consolidado (BOE-A-2015-3442) solo ha cambiado en el art. 8.1 (Real Decreto-ley 14/2019) y en los arts. 36 y 37 por las sentencias del Tribunal Constitucional 172/2020 y 13/2021, que anularon el inciso «no autorizado» del art. 36.23 y fijaron cómo deben interpretarse otros apartados. El BOE no la da por derogada a 01/10/2026.

El capítulo I define la seguridad ciudadana como «requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas» y su salvaguarda como bien jurídico colectivo y función del Estado (art. 1). La ley se aplica en todo el territorio, sin perjuicio de las competencias autonómicas, deja fuera el buen orden ordinario de los espectáculos y se aplica sin menoscabo de los regímenes de seguridad aérea, marítima, ferroviaria, vial o de transportes, dejando a salvo la defensa nacional y los estados de alarma, excepción y sitio (art. 2). Sus fines (art. 3) van desde proteger el libre ejercicio de derechos hasta la pacífica utilización de las vías públicas y la transparencia. La actuación se rige por los principios de legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, y la de los agentes, además, por el art. 5 de la LO 2/1986 (art. 4). Son autoridades estatales el Ministro del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad, los órganos directivos del Ministerio, los Delegados y los Subdelegados del Gobierno; las autonómicas con policía propia, y las locales ejercen sus facultades según la LO 2/1986 y la legislación de régimen local y espectáculos (art. 5). Todas las autoridades y funcionarios deben colaborar, y la seguridad privada tiene un especial deber de auxilio (art. 7).

El capítulo II regula la documentación. El DNI es el único documento con valor suficiente por sí solo para acreditar la identidad y los datos personales de su titular (art. 8.1) y no puede contener datos de raza, religión, ideología u orientación sexual (art. 8.2). Es obligatorio a partir de los catorce años, personal e intransferible, y hay que exhibirlo cuando lo pidan la autoridad o sus agentes para los fines del art. 16.1; su pérdida o sustracción se denuncia cuanto antes (art. 9). Lo expide la Dirección General de la Policía (art. 10). El pasaporte acredita identidad y nacionalidad fuera de España y solo puede denegarse en los supuestos tasados del art. 11.2. Los extranjeros tienen el derecho y la obligación de llevar su documentación y solo pueden ser privados de la de origen en investigaciones judiciales penales (art. 13).

El capítulo III recoge las potestades generales de policía de seguridad. Las autoridades pueden dictar órdenes y prohibiciones por resolución motivada (art. 14). La entrada en domicilio solo cabe en los casos de la Constitución, y es causa legítima evitar daños inminentes y graves a personas y cosas en catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros casos de extrema y urgente necesidad; en edificios de organismos oficiales no hace falta el consentimiento de quien los tenga a su cargo, y el acta o atestado se remite sin dilación al juez (art. 15). La identificación (art. 16) solo puede pedirse si hay indicios de participación en una infracción o es razonablemente necesaria para prevenir un delito, respetando proporcionalidad, igualdad y no discriminación. Si no es posible o la persona se niega, puede requerirse que acompañe a los agentes a la dependencia más próxima por el tiempo imprescindible, nunca más de seis horas, con libro-registro (sus asientos se cancelan a los tres años), extracto mensual al Ministerio Fiscal y un volante acreditativo a la salida.

Los agentes pueden restringir el tránsito, establecer zonas de seguridad y controles en vías y lugares públicos para delitos de especial gravedad o alarma social (art. 17) y hacer comprobaciones y registros en lugares públicos para impedir que se porten armas u objetos peligrosos, ocupando temporalmente incluso armas con licencia (art. 18). Estas diligencias no tienen las formalidades de la detención y lo aprehendido consta en un acta que goza de presunción de veracidad (art. 19). El registro corporal externo y superficial exige indicios racionales; salvo urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes, lo hace un agente del mismo sexo y, si deja a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas, en lugar reservado y con constancia escrita; puede hacerse contra la voluntad del afectado con la compulsión indispensable (art. 20). Las autoridades, y los agentes en caso de urgencia incluso con órdenes verbales, pueden acordar medidas extraordinarias como el cierre o desalojo de locales, la prohibición de paso o la evacuación (art. 21). La videovigilancia se rige por su legislación (art. 22).

En reuniones y manifestaciones, las autoridades protegen su celebración y pueden disolverlas en los supuestos del art. 5 de la LO 9/1983, así como disolver concentraciones de vehículos que dificulten la circulación (art. 23.1). Las medidas han de ser graduales y proporcionadas y la disolución es el último recurso; hay que avisar antes a los afectados, salvo que la alteración se produzca con armas, explosivos u objetos contundentes o peligrosos (art. 23.2 y 23.3). Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad colaboran entre sí según su ley orgánica (art. 24).

El capítulo IV regula las potestades especiales de policía administrativa de seguridad: obligaciones de registro documental para actividades como hospedaje, alquiler o desguace de vehículos, compraventa de joyas y metales, cerrajería de seguridad o chatarra (art. 25); medidas de seguridad obligatorias en establecimientos e infraestructuras críticas (art. 26); la prohibición o suspensión de espectáculos y actividades recreativas cuando haya peligro cierto para personas y bienes (art. 27); y el control de armas, explosivos, cartuchería y pirotecnia, cuya intervención corresponde al Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Guardia Civil (arts. 28 y 29).

El capítulo V es el régimen sancionador. Responde el autor; los menores de catorce años están exentos y el caso se comunica al Ministerio Fiscal (art. 30). En la Administración del Estado sancionan el Ministro del Interior (muy graves en grado máximo), el Secretario de Estado de Seguridad (muy graves en grados medio y mínimo) y los Delegados del Gobierno (graves y leves); los alcaldes pueden imponer sanciones cuando las infracciones se cometan en espacios públicos municipales o afecten a bienes locales y tengan competencia según la legislación específica, y las ordenanzas pueden especificar o graduar infracciones (art. 32). Las multas de las infracciones graves y muy graves se dividen en tres tramos (mínimo, medio y máximo); la reincidencia en dos años, la violencia, cubrirse el rostro o usar a menores llevan al grado medio (art. 33).

Las infracciones son muy graves (art. 35: reuniones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras de servicios básicos con riesgo para la vida, armas y explosivos con perjuicios muy graves, espectáculos celebrados pese a la prohibición, proyectar haces de luz sobre pilotos o conductores), graves (art. 36: entre otras, desobediencia o resistencia a los agentes que no sea delito, negativa a identificarse, consumo o tenencia de drogas en lugares públicos, uso indebido de uniformes, obstaculizar a los servicios de emergencia) y leves (art. 37: faltas de respeto a los agentes, ocupación de inmuebles o de la vía pública, daños o deslucimiento de bienes públicos, consumo de alcohol en la vía pública que perturbe gravemente la tranquilidad, dejar sueltos animales peligrosos, proyectar luz sobre los agentes). Prescriben a los seis meses (leves), al año (graves) y a los dos años (muy graves) (art. 38). Las multas son de 100 a 600 euros (leves), de 601 a 30.000 (graves) y de 30.001 a 600.000 (muy graves), con sanciones accesorias como el comiso o la retirada de armas (art. 39). Las sanciones prescriben al año, a los dos y a los tres años (art. 40). Existe un Registro Central de Infracciones para apreciar la reincidencia (art. 43).

El procedimiento sancionador (arts. 44-54) es subsidiario del penal: no se sanciona dos veces con identidad de sujeto, hecho y fundamento, y si hay indicios de delito se pasa el tanto de culpa y se suspende el expediente (art. 45). Los agentes aprehenden cautelarmente los instrumentos de la infracción y, en caso de grave riesgo, pueden adoptar medidas provisionales que deben ratificarse en quince días (art. 47). El procedimiento caduca al año de su incoación (art. 50). Las denuncias, atestados o actas de los agentes que presenciaron los hechos son base suficiente para resolver, salvo prueba en contrario y previa ratificación si el denunciado los niega (art. 52). Las multas no pagadas se abonan en los quince días siguientes a la firmeza (art. 53). En las infracciones graves y leves existe un procedimiento abreviado: pagar en quince días desde la notificación de la incoación reduce la multa un 50 %, supone renunciar a alegar y pone fin al procedimiento (art. 54).

Claves para el examen

• LO 4/2015, en vigor desde el 01/07/2015; sustituye a la LO 1/1992.
• DNI: único documento que por sí solo acredita la identidad; obligatorio desde los 14 años (arts. 8.1 y 9.1).
• Identificación: indicios de infracción o necesidad razonable para prevenir un delito (art. 16.1).
• Traslado para identificar: tiempo estrictamente necesario y nunca más de 6 horas (art. 16.2).
• Libro-registro de identificaciones: extracto mensual al Fiscal; asientos cancelados a los 3 años (art. 16.3).
• Registro corporal externo: agente del mismo sexo, salvo urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes (art. 20.2).
• Medidas extraordinarias (cierre, desalojo, evacuación): los agentes, si hay urgencia, incluso por orden verbal (art. 21).
• Disolución de reuniones: último recurso; sin previo aviso si hay armas, explosivos u objetos contundentes (art. 23).
• Menores de 14 años exentos: se comunica al Ministerio Fiscal (art. 30.2).
• Alcaldes: sancionan en espacios públicos municipales o bienes locales si tienen competencia (art. 32.3).
• Haces de luz sobre conductores o pilotos: muy grave (art. 35.4); sobre agentes: leve (art. 37.6).
• Negativa a identificarse: grave (art. 36.6); faltas de respeto a los agentes: leve (art. 37.4).
• Prescripción de infracciones: 6 meses, 1 año y 2 años; de sanciones: 1, 2 y 3 años (arts. 38 y 40).
• Multas: leves 100-600 €; graves 601-30.000 €; muy graves 30.001-600.000 € (art. 39.1).
• Procedimiento abreviado: pago en 15 días con un 50 % de reducción, solo graves y leves (art. 54).

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