Tema 13: Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Policia Local de Catalunya · categoría de agent

Resumen

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (consolidado del BOE, BOE-A-1986-6859) desarrolla el art. 104 de la Constitución: fija las funciones, los principios básicos de actuación y los estatutos de todos los cuerpos policiales de España. Está vigente; sus últimas reformas relevantes para este tema son la del art. 51 (LO 1/2003) y la del art. 53 (LO 19/2003 y LO 9/2013). Las bases de Terrassa 2026 y Berga 2026 piden sus disposiciones generales, las estatutarias comunes y el título V, de las policías locales.

La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado y su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación (art. 1.1). Las comunidades autónomas participan según sus estatutos y en el marco de esta ley, y las corporaciones locales según la Ley de Bases de Régimen Local y esta ley (art. 1.2 y 1.3); todas lo hacen a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 1.4). Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y los de las corporaciones locales (art. 2). Todos deben actuar con cooperación recíproca (art. 3), y todos tienen el deber de auxiliarles en la investigación y persecución de los delitos; la seguridad privada tiene una especial obligación de colaborar (art. 4).

El art. 5 recoge los principios básicos de actuación, comunes a todos los cuerpos. Adecuación al ordenamiento: respeto a la Constitución, neutralidad política e imparcialidad, integridad y dignidad (abstenerse de toda corrupción), jerarquía y subordinación sin que la obediencia debida ampare órdenes manifiestamente delictivas, y colaboración con la Justicia. Relaciones con la comunidad: impedir prácticas abusivas o discriminatorias, trato correcto y esmerado, información sobre las causas y finalidad de las intervenciones, actuar sin demora ante un daño grave, inmediato e irreparable según la congruencia, oportunidad y proporcionalidad, y usar las armas solo ante un riesgo racionalmente grave para la vida o la integridad propia o ajena, o para la seguridad ciudadana.

Sigue el art. 5 con el tratamiento de detenidos (identificarse como agentes al detener, velar por su vida, integridad, honor y dignidad, y cumplir trámites y plazos), la dedicación profesional (intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, de servicio o no), el secreto profesional (sin obligación de revelar las fuentes, salvo que la ley o las funciones lo impongan) y la responsabilidad personal y directa por los actos que infrinjan las normas, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial de la Administración. La Ley 16/1991 de Cataluña (art. 10) reproduce casi literalmente estos principios.

Las disposiciones estatutarias comunes (art. 6) piden a los poderes públicos promover la promoción profesional, social y humana de los agentes con objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad; una formación profesional y permanente, con colaboración de la universidad, el Poder Judicial, la fiscalía y las Fuerzas Armadas; jurar o prometer acatamiento a la Constitución; una remuneración justa que valore formación, incompatibilidades, movilidad, dedicación, riesgo y horarios; la provisión de puestos por mérito, capacidad y antigüedad; la incompatibilidad con cualquier otra actividad pública o privada salvo las exceptuadas, y la prohibición absoluta de la huelga y de las acciones sustitutivas o concertadas. El régimen disciplinario se inspira en la misión constitucional y en la estructura jerarquizada y disciplinada de los cuerpos (art. 6.9).

En el ejercicio de sus funciones los agentes son, a todos los efectos legales, agentes de la autoridad (art. 7.1); cuando sufren un atentado con armas de fuego, explosivos u otros medios de análoga peligrosidad tienen, a efectos de su protección penal, la consideración de autoridad (art. 7.2). La jurisdicción ordinaria conoce de los delitos cometidos contra ellos y por ellos en el ejercicio de sus funciones (art. 8.1); el Tribunal Constitucional anuló en la STC 55/1990 el párrafo que llevaba la instrucción a la Audiencia Provincial. La prisión preventiva y las penas se cumplen en centros penitenciarios ordinarios, separados del resto de presos (art. 8.2), y un proceso penal no impide el expediente disciplinario, que solo se resuelve con sentencia firme (art. 8.3).

El título V regula las policías locales. Los municipios pueden crear cuerpos propios según esta ley, la Ley de Bases de Régimen Local y la legislación autonómica (art. 51.1); donde no existan, sus cometidos los ejercen guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos (art. 51.2). Solo actúan en su término municipal, salvo emergencias y previo requerimiento de las autoridades competentes; cuando protegen a autoridades locales pueden salir del término con autorización del Ministerio del Interior o, en comunidades con policía autonómica, de la autoridad autonómica (art. 51.3, redacción de la LO 1/2003).

Los cuerpos de policía local son institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada, y se rigen por los principios de los capítulos II y III del título I (arts. 5 a 8) —la ley remite también a la sección cuarta del capítulo IV del título II, pero sus arts. 27 y 28 los derogó la LO 4/2010—, por la normativa de la comunidad autónoma y por los reglamentos y normas de cada ayuntamiento (art. 52.1). Sus derechos sindicales siguen una ley específica (art. 52.2), que es la Ley 9/1987, según la disposición adicional primera de la Ley 16/1991 de Cataluña.

Las funciones de la policía local (art. 53.1) son: proteger a las autoridades locales y vigilar sus edificios; ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano; instruir atestados por accidentes de circulación en el casco urbano; policía administrativa de ordenanzas y bandos; participar en la policía judicial (art. 29.2); auxiliar en accidentes, catástrofes y calamidades y ejecutar los planes de protección civil; diligencias de prevención para evitar delitos en el marco de las juntas de seguridad; vigilar los espacios públicos y colaborar en manifestaciones y grandes concentraciones si se les requiere, y cooperar en conflictos privados si se les requiere. Los atestados y las diligencias de prevención se comunican a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (art. 53.2). En los municipios de gran población el pleno puede asignar la ordenación del tráfico a funcionarios que son agentes de la autoridad pero no se integran en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 53.3).

En los municipios con cuerpo de policía propio puede constituirse una junta local de seguridad, órgano que establece las formas de colaboración entre los cuerpos en su territorio; la preside el alcalde, salvo que asista el gobernador civil (hoy, subdelegado del Gobierno), con quien la comparte (art. 54). En Cataluña la junta local es obligatoria en todo municipio con policía local y se rige por la Ley 4/2003 (tema 17). Además, la disposición final segunda de la LO 2/1986 establece que la policía autonómica de Cataluña se rige por su Estatuto, con esta ley como supletoria, salvo los arts. 5 a 8 y otros que se le aplican directamente, y que su coordinación con las fuerzas del Estado se hace en la Junta de Seguridad.

Claves para el examen

• La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado; su mantenimiento corresponde al Gobierno (art. 1.1).
• Tres clases de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: del Estado, autonómicos y locales (art. 2).
• Principio de cooperación recíproca entre todos los cuerpos (art. 3).
• Obediencia debida: nunca ampara órdenes manifiestamente delictivas o contrarias a la Constitución (art. 5.1.d).
• Uso de armas: solo ante riesgo racionalmente grave para la vida o integridad, o grave riesgo para la seguridad ciudadana (art. 5.2.d).
• Dedicación: intervenir siempre, de servicio o no (art. 5.4).
• Responsabilidad personal y directa del agente (art. 5.6).
• Prohibida la huelga y las acciones sustitutivas (art. 6.8).
• Agentes de la autoridad; consideración de autoridad ante atentados con armas de fuego o explosivos (art. 7).
• Prisión de agentes en centros ordinarios, separados del resto (art. 8.2).
• Policía local: instituto armado de naturaleza civil, estructura jerarquizada (art. 52.1).
• Fuera del término: emergencias y previo requerimiento; escoltas de autoridades locales con autorización (art. 51.3).
• Atestados de tráfico en casco urbano y diligencias de prevención: se comunican al Estado (art. 53.2).
• Manifestaciones y conflictos privados: solo cuando sean requeridos (art. 53.1.h e i).
• Junta local de seguridad: potestativa en la LO 2/1986, presidida por el alcalde (art. 54); obligatoria en Cataluña (Ley 4/2003).

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