Tema 14: Ley de policías locales de Cataluña (I): disposiciones generales, funciones y coordinación

Policia Local de Catalunya · categoría de agent

Resumen

La Ley 16/1991, de 10 de julio, de las Policías Locales es la norma catalana que regula todos los cuerpos de policía que dependen de los municipios de Cataluña, llamados genéricamente policías locales (art. 1.1). Sigue vigente y el BOE la publica consolidada (BOE-A-1991-20343); las últimas reformas que afectan a este tema son la del art. 7 (Ley 5/2020) y la derogación del art. 16 por la Ley 4/2003. El título I trata la naturaleza, las funciones y los principios de actuación; el título II, la coordinación y la colaboración entre policías locales.

Las policías locales son institutos armados de naturaleza civil con estructura y organización jerarquizadas (art. 2.1). Por tradición histórica, y si lo acuerda el ayuntamiento, pueden llamarse también Policía municipal o Guardia urbana (art. 2.3): por eso existen la Guàrdia Urbana de Barcelona o la Policia Municipal de Terrassa y de Sabadell. El servicio se presta siempre directamente por el ayuntamiento, que no puede crear órganos especiales de gestión ni darlo en concesión, arrendamiento u otra forma de gestión indirecta (art. 1.3).

Puede haber policía local en los municipios de más de 10.000 habitantes (art. 3.1). En los de menos, solo si lo acuerda la mayoría absoluta del número legal de miembros del pleno y lo autoriza el consejero competente (la ley dice «de Gobernación»), previo informe de la comisión de coordinación (art. 3.2). Los municipios sin policía local pueden tener vigilantes (guardias, alguaciles o similares), que solo pueden hacer las tareas del art. 13: custodiar bienes e instalaciones municipales, ordenar el tráfico en el casco urbano, auxiliar al ciudadano y en protección civil, y velar por el cumplimiento de ordenanzas y bandos.

Cada municipio tiene un cuerpo único (art. 4.1). El mando lo ejerce el alcalde, que puede delegarlo, y el mando inmediato corresponde al jefe del cuerpo (art. 4.2 y 4.3). El ámbito de actuación es el término municipal; fuera de él solo se puede actuar en situaciones de emergencia y con autorización previa de las autoridades competentes, dando cuenta al departamento de la Generalitat (art. 5). Antes de tomar posesión, se jura o promete acatar la Constitución y respetar y observar el Estatuto de Autonomía (art. 6).

Los policías locales son agentes de la autoridad a todos los efectos en el ejercicio de sus funciones (art. 7.1). Desde la Ley 5/2020, los vigilantes también lo son, pero solo si actúan identificados, dentro de sus funciones del art. 13 y sin armas de fuego, y en un municipio que no tenga policía local; nunca lo son los vigilantes que actúan como complemento o auxilio de una policía local existente (art. 7.2).

Como instituto armado, los policías locales llevan el armamento reglamentario (art. 8.1), pero el alcalde puede determinar, de forma motivada, los servicios en que no se llevan armas de fuego (art. 8.2); los vigilantes no pueden llevarlas nunca (art. 8.3). El uniforme reglamentario es obligatorio y solo se usa para el servicio; el alcalde puede autorizar servicios sin uniforme, y entonces hay que llevar la documentación acreditativa (art. 9).

El art. 10 recoge los principios básicos de actuación en cinco grupos, paralelos a los del art. 5 de la LO 2/1986: adecuación al ordenamiento (respeto a la Constitución y al Estatuto, neutralidad política e imparcialidad, integridad, jerarquía y subordinación sin que la obediencia debida ampare delitos, colaboración con la Justicia); relaciones con la comunidad (trato correcto, actuar sin demora con congruencia, oportunidad y proporcionalidad, y usar las armas solo ante un riesgo racionalmente grave); tratamiento de detenidos (identificarse, velar por su vida e integridad, cumplir trámites y plazos); dedicación profesional (intervenir siempre, de servicio o no) y secreto profesional. La responsabilidad por infringirlos es personal y directa (art. 10.2).

El art. 11 enumera las funciones: proteger a las autoridades municipales y custodiar sus edificios; ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el núcleo urbano; instruir atestados por accidentes de circulación en el núcleo urbano; policía administrativa (reglamentos, ordenanzas y bandos); policía judicial (art. 12); diligencias de prevención para evitar delitos; colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la policía autonómica en manifestaciones y grandes concentraciones, cuando se les requiera; cooperar en la resolución de conflictos privados, si se les requiere; vigilar los espacios públicos; auxiliar en accidentes, catástrofes y calamidades; velar por la normativa de medio ambiente; garantizar la seguridad vial, y cualquier otra que les encomiende la ley. Como policía judicial auxilian a jueces, tribunales y fiscales cuando se les requiere y practican las primeras diligencias de prevención y custodia de detenidos y de efectos del delito (art. 12).

El título II define la coordinación como la determinación de los medios y sistemas de relación que hacen posible la acción conjunta de las policías locales para integrarlas en el sistema de seguridad (art. 14). Sus funciones (art. 15) son homogeneizar medios técnicos y uniformidad, crear un sistema de información recíproca, asesorar, canalizar la colaboración entre administraciones, coordinar la protección civil, fijar normas básicas de estructura, acceso, formación y promoción, y hacer actuaciones comunes de seguridad vial, siempre respetando la autonomía local. El Tribunal Constitucional suspendió en 1991 parte de este título (art. 15.1.b, 18 y 23), levantó la suspensión en 1992 y desestimó el recurso en la STC 85/1993.

El órgano de coordinación del art. 16, la Comisión de Coordinación de las Policías Locales, ya no existe: la Ley 4/2003 derogó el artículo y dispuso que las referencias a ella se entienden hechas a la Comisión de Policía de Cataluña. Siguen vigentes la posibilidad de integrar representantes de la Generalitat en la junta local de seguridad, que es preceptiva donde hay presencia operativa de la policía autonómica (art. 17; hoy la Ley 4/2003, art. 9, hace obligatoria la junta en todo municipio con policía local y fija su composición); la uniformidad común (art. 19); la memoria anual y la dotación de medios que los ayuntamientos envían en el primer trimestre (art. 20); los servicios comunes, como una red de transmisiones y un banco de datos (art. 21), y los convenios: municipios sin policía local con los Mossos d'Esquadra, apoyo de los Mossos para servicios puntuales y acuerdos entre policías de municipios limítrofes con autorización del consejero (art. 23).

Claves para el examen

• Policías locales: institutos armados de naturaleza civil, estructura y organización jerarquizadas (art. 2.1).
• Pueden llamarse también Policía municipal o Guardia urbana, por tradición histórica y si lo acuerda el ayuntamiento (art. 2.3).
• Gestión siempre directa: prohibidas la concesión, el arrendamiento y cualquier gestión indirecta (art. 1.3).
• Policía local en municipios de más de 10.000 habitantes; por debajo, mayoría absoluta del pleno y autorización del consejero (art. 3).
• Cuerpo único por municipio; mando del alcalde (delegable) y mando inmediato del jefe del cuerpo (art. 4).
• Fuera del término municipal, solo en emergencias y con autorización previa (art. 5.2).
• Juramento o promesa: acatar la Constitución y respetar y observar el Estatuto (art. 6).
• Agentes de la autoridad: policías locales siempre en sus funciones; vigilantes solo en municipios sin policía local (art. 7, reforma Ley 5/2020).
• El alcalde decide de forma motivada en qué servicios no se llevan armas de fuego; los vigilantes nunca las llevan (art. 8).
• Armas: solo ante un riesgo racionalmente grave para la vida o integridad propias o de terceros, o para la seguridad ciudadana (art. 10.1, segundo d).
• Dedicación: intervenir siempre, en cualquier momento y lugar, de servicio o no (art. 10.1, cuarto).
• Atestados por accidentes de circulación en el núcleo urbano (art. 11.c).
• Conflictos privados y manifestaciones: solo cuando sean requeridas (art. 11.g y h).
• La Comisión de Coordinación de las Policías Locales (art. 16, derogado) es hoy la Comisión de Policía de Cataluña (Ley 4/2003).
• Memoria de servicios y dotación de medios: en el primer trimestre de cada año (art. 20.1).

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