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Tema 17: Derecho penal: concepto, principios y vigencia

Policía Local de Cantabria · categoría de Policía

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Epígrafe oficial

Derecho Penal: Concepto, principios informadores del derecho penal. Vigencia temporal y espacial de la ley penal. La infracción penal. Concepto material de delito. Grados de ejecución del delito.

Resumen

Concepto. El Derecho penal puede verse de dos maneras. En sentido objetivo, es el conjunto de normas que definen los delitos y les asignan penas o medidas de seguridad. En sentido subjetivo, es el poder del Estado para castigar (ius puniendi), que la Constitución limita. La Exposición de motivos del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) lo expresa así: el Código «define los delitos y faltas que constituyen los presupuestos» de la pena criminal, que es «la forma suprema que puede revestir el poder coactivo del Estado». Por eso se le ha llamado «una especie de “Constitución negativa”», y debe «tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social». Se estudia el texto consolidado del BOE actualizado el 09/04/2026. Desde la Ley Orgánica 1/2015 ya no hay faltas: el Libro III fue derogado y las infracciones son delitos graves, menos graves y leves (art. 13).

Fuentes. Solo la ley puede crear delitos y penas: el art. 25.1 de la Constitución dispone que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, cuando se produjeron, no constituían delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente entonces. El art. 9.3 garantiza la legalidad y la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. Según la doctrina del Tribunal Constitucional, las leyes penales que imponen penas privativas de libertad deben tener rango de ley orgánica, porque afectan al derecho fundamental a la libertad del art. 17, en relación con el art. 81. El Código se aplica también a los delitos de las leyes penales especiales: su título preliminar, directamente, y el resto, de forma supletoria (art. 9 CP).

El principio de legalidad y sus garantías. Tiene cuatro manifestaciones en el título preliminar del Código. La garantía criminal impide castigar ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su comisión (art. 1.1). La garantía penal impide castigar un delito con una pena que no prevea una ley anterior (art. 2.1). Las medidas de seguridad solo se aplican cuando concurren los presupuestos fijados previamente por la ley (art. 1.2). La garantía jurisdiccional exige una sentencia firme de un juez o tribunal competente para ejecutar una pena o una medida (art. 3.1). La garantía de ejecución obliga a ejecutarlas solo en la forma prescrita por la ley y sus reglamentos, bajo control judicial (art. 3.2). De la legalidad se deriva la prohibición de la analogía: las leyes penales no se aplican a casos distintos de los que comprenden expresamente (art. 4.1). Si un juez cree que una conducta no penada merece castigo, se abstiene y lo expone al Gobierno; y si una pena le parece excesiva, la ejecuta y puede proponer su modificación o el indulto. Mientras se resuelve un indulto, puede suspender la ejecución si se vulneraría el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas o si el indulto quedaría sin sentido (art. 4.2-4).

Otros principios informadores. El principio de culpabilidad está en el art. 5: «No hay pena sin dolo o imprudencia», de modo que se excluye la responsabilidad puramente objetiva. Las medidas de seguridad se basan en la peligrosidad criminal del sujeto, manifestada en la comisión de un hecho previsto como delito, y no pueden ser más gravosas ni más largas que la pena aplicable en abstracto ni exceder lo necesario para prevenir esa peligrosidad (art. 6), que es una expresión del principio de proporcionalidad. La Exposición de motivos del Código invoca el principio de intervención mínima, según el cual el Derecho penal es el último recurso: se acogen nuevas formas de delincuencia y se eliminan figuras que han perdido su razón de ser. La Constitución añade la orientación de las penas privativas de libertad y de las medidas de seguridad a la reeducación y reinserción social, sin trabajos forzados (art. 25.2), la prohibición de la tortura y de las penas inhumanas o degradantes (art. 15) y la presunción de inocencia (art. 24.2). También rige el principio non bis in idem, que prohíbe castigar dos veces un mismo hecho cuando hay identidad de sujeto, hecho y fundamento, y que leyes sancionadoras como la Ley de Cantabria 3/2017 recogen expresamente (art. 63.3).

Vigencia temporal. La regla general es la irretroactividad: no se castiga ningún delito con una pena que no prevea una ley anterior a su comisión, y tampoco son retroactivas las leyes que establecen medidas de seguridad (art. 2.1). La excepción es la retroactividad de la ley penal más favorable al reo, que se aplica aunque ya haya sentencia firme y el condenado esté cumpliendo la pena; en caso de duda sobre cuál es la ley más favorable, se oye al reo (art. 2.2). Las leyes temporales son la excepción a esa excepción: los hechos cometidos durante su vigencia se juzgan conforme a ellas, salvo que se disponga expresamente otra cosa (art. 2.2 in fine). Para saber qué ley aplicar, el delito se considera cometido en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar, no cuando se produce el resultado (art. 7).

Aplicación cuando varios preceptos encajan en el mismo hecho (concurso de normas, art. 8). Cuando un hecho puede calificarse con dos o más preceptos y no se trata de un concurso de delitos de los arts. 73 a 77, se aplican cuatro reglas por orden. Primera, especialidad: el precepto especial se aplica con preferencia al general. Segunda, subsidiariedad: el subsidiario solo se aplica en defecto del principal, sea la subsidiariedad expresa o tácita. Tercera, consunción: el precepto más amplio o complejo absorbe las infracciones consumidas en él. Cuarta, alternatividad: en defecto de las anteriores, el precepto más grave excluye a los que castigan el hecho con pena menor.

Vigencia espacial. No está en el Código Penal sino en el art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Rige el principio de territorialidad: la jurisdicción española conoce de los delitos cometidos en territorio español o a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de los tratados (art. 23.1). Por el principio de personalidad, también conoce de los delitos cometidos fuera por españoles o por extranjeros que después adquieran la nacionalidad española, si el hecho es punible en el lugar de ejecución (salvo tratado), si el agraviado o el Ministerio Fiscal se querellan y si el delincuente no ha sido absuelto, indultado o penado en el extranjero; si cumplió solo parte de la condena, se le descuenta (art. 23.2). Por el principio real o de protección, conoce de ciertos delitos cometidos fuera por españoles o extranjeros que atacan intereses del Estado: traición, delitos contra la Corona, rebelión y sedición, falsificación de moneda española o atentados contra autoridades o funcionarios españoles, entre otros (art. 23.3). Por el principio de justicia universal, y con las condiciones de cada caso, conoce del genocidio, la tortura, el terrorismo, la piratería, el tráfico de drogas o la trata de seres humanos (art. 23.4). No se persiguen en España si ya los investiga un tribunal internacional o el Estado competente, salvo que este no quiera o no pueda hacerlo (art. 23.5), y los delitos de los apartados 3 y 4 exigen querella del agraviado o del Ministerio Fiscal (art. 23.6). A la extradición se refiere el art. 13.3 de la Constitución, que excluye los delitos políticos pero no considera como tales los actos de terrorismo.

La infracción penal y el concepto material de delito. Desde el punto de vista formal, son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley (art. 10). Se clasifican por la gravedad de la pena en graves, menos graves y leves (art. 13); el detalle de esta clasificación, el dolo, la imprudencia y el error pertenecen al tema 18. Desde el punto de vista material, la doctrina define el delito como la conducta que lesiona o pone en peligro un bien jurídico digno de protección penal. En el Código se refleja en la idea de tutela de los valores básicos de la convivencia de su Exposición de motivos, en la ordenación de los delitos por bienes jurídicos (vida, integridad, libertad, patrimonio, seguridad colectiva…) y en el art. 11, que equipara la omisión a la acción cuando hay un deber jurídico de evitar el resultado. Esta idea limita al legislador: solo deben castigarse los ataques más graves a los bienes más importantes (intervención mínima).

Grados de ejecución (visión general; se estudian con detalle y con preguntas en el tema 19). El Código castiga el delito consumado y la tentativa (art. 15). Hay tentativa cuando se empieza a ejecutar el delito con hechos exteriores y el resultado no se produce por causas ajenas a la voluntad del autor, y queda exento quien desiste voluntariamente (art. 16). Los actos preparatorios (conspiración, proposición y provocación, incluida la apología como forma de provocación) solo se castigan en los casos que la ley prevé expresamente (arts. 17 y 18).

Claves para el examen

Truco

Las cuatro garantías del principio de legalidad siguen el orden de los artículos 1 a 3 del Código y responden a «qué, cuánto, quién y cómo»: qué es delito (garantía criminal, art. 1), cuánta pena (garantía penal, art. 2), quién la impone (garantía jurisdiccional, art. 3.1) y cómo se cumple (garantía de ejecución, art. 3.2). Para el art. 8, «E-S-C-A»: Especialidad, Subsidiariedad, Consunción y Alternatividad.

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