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Tema 2: Cortes Generales, Gobierno y Poder Judicial

Policía Local de Extremadura · categoría de Agente

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Epígrafe oficial

Título III. Las Cortes Generales. Título IV. El Gobierno y la Administración. Título V. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Título VI. El Poder Judicial.

Resumen

El tema recorre cuatro títulos de la Constitución: el III (Cortes Generales, arts. 66-96), el IV (Gobierno y Administración, arts. 97-107), el V (relaciones entre el Gobierno y las Cortes, arts. 108-116) y el VI (Poder Judicial, arts. 117-127). Juntos describen la división de poderes del Estado: quién hace las leyes, quién gobierna y quién juzga, y cómo se controlan entre sí en una monarquía parlamentaria (art. 1.3).

Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado (art. 66.1). Ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos y controlan al Gobierno, y son inviolables (art. 66.2 y 66.3). Nadie puede ser miembro de las dos Cámaras a la vez y sus miembros no están ligados por mandato imperativo (art. 67). Diputados y senadores tienen inviolabilidad por las opiniones expresadas en sus funciones e inmunidad: solo pueden ser detenidos en flagrante delito y no pueden ser inculpados ni procesados sin autorización de su Cámara; las causas contra ellos las ve la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 71).

El Congreso tiene entre 300 y 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto; la circunscripción es la provincia, Ceuta y Melilla eligen un diputado cada una y el reparto es proporcional (art. 68.1-68.3). Se elige por cuatro años (art. 68.4). El Senado es la Cámara de representación territorial: cuatro senadores por provincia, dos por Ceuta y otros dos por Melilla, tres por cada isla mayor (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) y uno por cada una de las demás islas que cita el art. 69.3, y además los senadores que designan las Comunidades Autónomas, uno más otro por cada millón de habitantes (art. 69). La reforma del art. 69.3 de 19/05/2026 (BOE-A-2026-10881) da a Formentera su propio senador, separado de Ibiza, pero las nuevas circunscripciones no se estrenan hasta las primeras elecciones al Senado posteriores a la reforma (disposición transitoria única).

Las Cámaras se dan sus propios Reglamentos, que se aprueban por mayoría absoluta, eligen a sus Presidentes y Mesas, y los Presidentes ejercen los poderes administrativos y de policía dentro de sus sedes (art. 72). Hay dos períodos ordinarios de sesiones, de septiembre a diciembre y de febrero a junio, y sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de cualquier Cámara (art. 73). Funcionan en Pleno y en Comisiones; pueden nombrar comisiones de investigación, cuyas conclusiones no vinculan a los tribunales (arts. 75-76). En cada Cámara hay una Diputación Permanente de al menos veintiún miembros que la sustituye cuando está disuelta o no reunida (art. 78). Para adoptar acuerdos hace falta la mayoría de los miembros presentes y el voto es personal e indelegable (art. 79).

Sobre las leyes, el art. 81 reserva a ley orgánica el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y lo demás previsto en la Constitución, y exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final. Las Cortes pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley (decretos legislativos): con ley de bases para los textos articulados o con ley ordinaria para refundir textos (art. 82). En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar decretos-leyes, que el Congreso debe convalidar o derogar en treinta días (art. 86).

El procedimiento legislativo empieza con la iniciativa del Gobierno, el Congreso o el Senado (art. 87.1); las Asambleas autonómicas pueden pedir al Gobierno un proyecto o remitir una proposición al Congreso, y la iniciativa popular exige al menos 500.000 firmas y no cabe en materias de ley orgánica, tributarias, internacionales ni de gracia (art. 87.3). Los proyectos de ley los aprueba el Consejo de Ministros (art. 88). Aprobado el texto por el Congreso, el Senado tiene dos meses (veinte días naturales si es urgente) para vetarlo por mayoría absoluta o enmendarlo; el Congreso puede levantar el veto por mayoría absoluta o, pasados dos meses, por mayoría simple (art. 90). El Rey sanciona las leyes en quince días, las promulga y ordena su publicación (art. 91). Los tratados que ceden competencias a organizaciones internacionales se autorizan por ley orgánica (art. 93).

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97). Se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley (art. 98.1). El candidato a Presidente lo propone el Rey tras consultar con los grupos políticos y lo inviste el Congreso por mayoría absoluta o, en una segunda votación cuarenta y ocho horas después, por mayoría simple; si en dos meses ningún candidato obtiene la confianza, el Rey disuelve las Cámaras (art. 99). Los demás miembros los nombra y separa el Rey a propuesta del Presidente (art. 100). El Gobierno cesa tras las elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria o por dimisión o fallecimiento del Presidente, y sigue en funciones hasta que toma posesión el nuevo (art. 101). Su responsabilidad criminal se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 102). La Administración sirve con objetividad los intereses generales (art. 103) y la Ley 50/1997, del Gobierno, desarrolla este título.

El título V regula el control político. El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso (art. 108). La cuestión de confianza la plantea el Presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, y se entiende otorgada por mayoría simple (art. 112). La moción de censura la propone al menos la décima parte de los diputados, debe incluir un candidato a Presidente, no se vota hasta pasados cinco días y se aprueba por mayoría absoluta; si sale adelante, el candidato queda investido (arts. 113 y 114). El Presidente puede proponer la disolución de las Cámaras, salvo si hay en trámite una moción de censura, y no cabe otra disolución antes de un año (art. 115). Los estados de alarma (quince días, prorrogables con autorización del Congreso), excepción (treinta días, prorrogables por otros treinta) y sitio (mayoría absoluta del Congreso) están en el art. 116 y en la LO 4/1981.

El título VI empieza diciendo que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1). Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales, y el principio de unidad jurisdiccional es la base de su organización (art. 117.3 y 117.5). La justicia es gratuita cuando lo disponga la ley y siempre para quien no tenga recursos (art. 119), y las actuaciones son públicas, predominantemente orales y con sentencias motivadas (art. 120). El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial: lo preside el Presidente del Tribunal Supremo y tiene veinte miembros nombrados por el Rey por cinco años (art. 122). El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en garantías constitucionales (art. 123).

El Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, actúa por los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción a los de legalidad e imparcialidad, y su Fiscal General lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ (art. 124). Los ciudadanos pueden participar en la justicia mediante la acción popular y el jurado (art. 125). Para un policía local es clave el art. 126: la policía judicial depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Jueces, magistrados y fiscales en activo no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos o sindicatos (art. 127).

Claves para el examen

Truco

Para las mayorías del Gobierno, piensa en la confianza es fácil y la censura es difícil: la cuestión de confianza basta con mayoría simple (art. 112), pero la moción de censura necesita mayoría absoluta y la firma de una décima parte de los diputados (art. 113). La investidura va de difícil a fácil: absoluta primero, simple a las 48 horas (art. 99).

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Preguntas de ejemplo del tema 2

Tres de las 25 preguntas del test de este tema, con su explicación:

  1. Según el artículo 66 de la Constitución, las Cortes Generales están formadas por:

    1. El Congreso de los Diputados y el Senado
    2. El Congreso, el Senado y el Consejo de Estado
    3. El Congreso de los Diputados y el Gobierno
    4. El Senado y las Asambleas autonómicas
    Ver la respuesta

    a) El Congreso de los Diputados y el Senado. Art. 66.1 CE: las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

  2. ¿Cuántas firmas acreditadas exige como mínimo la Constitución para la iniciativa legislativa popular?

    1. 500.000
    2. 100.000
    3. 1.000.000
    4. 250.000
    Ver la respuesta

    a) 500.000. Art. 87.3 CE: no menos de 500.000 firmas acreditadas. No cabe en materias de ley orgánica, tributarias, internacionales ni de gracia.

  3. Según el artículo 126 de la Constitución, la policía judicial depende de:

    1. Los Jueces, los Tribunales y el Ministerio Fiscal
    2. El Ministerio del Interior y los Delegados del Gobierno
    3. El Consejo General del Poder Judicial
    4. Los alcaldes en el término municipal
    Ver la respuesta

    a) Los Jueces, los Tribunales y el Ministerio Fiscal. Art. 126 CE: depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente.

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