Tema 34: Estatuto de la víctima

Policía Local de Andalucía · categoría de Policía

Resumen

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (BOE-A-2015-4606), está en vigor desde el 28 de octubre de 2015. Transpone la Directiva 2012/29/UE y reúne en un solo texto los derechos de las víctimas. Según la API de consolidados del BOE (actualizada el 19/12/2025), solo la ha modificado la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, que cambió los arts. 3, 5, 7, 10, 23, 25, 26 y 34 con efectos desde el 7 de octubre de 2022. La desarrolla el Real Decreto 1109/2015, que regula las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (BOE-A-2015-14263). La ley tiene un título preliminar (ámbito, concepto de víctima y derechos), el título I (derechos básicos), el título II (participación en el proceso penal), el título III (protección) y el título IV (disposiciones comunes, entre ellas las Oficinas de Asistencia).

Ámbito (art. 1). La ley se aplica a las víctimas de delitos cometidos en España o que puedan ser perseguidos en España, sea cual sea su nacionalidad, sean mayores o menores de edad y tengan o no residencia legal. El art. 17 añade que las víctimas residentes en España pueden denunciar aquí delitos cometidos en otro país de la Unión Europea; si las autoridades españolas no tienen jurisdicción, remiten la denuncia de inmediato a las del Estado donde ocurrieron los hechos.

Concepto de víctima (art. 2). Víctima directa es toda persona física que ha sufrido un daño o perjuicio sobre su persona o su patrimonio (lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos) causado directamente por un delito. Víctima indirecta, solo en los casos de muerte o desaparición causada directamente por un delito y salvo que sean responsables de los hechos: el cónyuge no separado y los hijos que convivían, la pareja de hecho y sus hijos convivientes, los progenitores y parientes hasta el tercer grado bajo su guarda y las personas bajo su tutela, curatela o acogimiento; a falta de ellos, los demás parientes en línea recta y los hermanos. La ley no se aplica a terceros que hayan sufrido perjuicios derivados del delito.

Derechos de las víctimas (art. 3). Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia, atención y reparación, a participar activamente en el proceso penal y a un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades y hasta un tiempo adecuado después del proceso, se conozca o no al infractor y sea cual sea el resultado. Desde la Ley Orgánica 10/2022, en todo caso está vedada la mediación y la conciliación en los supuestos de violencia sexual y de violencia de género.

Derechos básicos (título I). Derecho a entender y ser entendida (art. 4): comunicaciones en lenguaje claro, sencillo y accesible, apoyos para hacerse entender, incluida la lengua de signos, y posibilidad de estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto. Derecho a la información desde el primer contacto, incluso antes de denunciar (art. 5): asistencia y apoyo, cómo denunciar, asesoramiento jurídico, medidas de protección, indemnizaciones, intérpretes, recursos, justicia restaurativa, reembolso de gastos y la posibilidad de pedir que se le notifiquen resoluciones designando un correo electrónico o una dirección postal. Al denunciar (art. 6), tiene derecho a una copia certificada de la denuncia y a asistencia lingüística gratuita y traducción escrita de la copia si no entiende ninguna de las lenguas oficiales del lugar.

Información sobre la causa (art. 7): fecha, hora y lugar del juicio y contenido de la acusación, y notificación, entre otras, de la resolución de no iniciar el procedimiento, la sentencia, la prisión o libertad del infractor y su posible fuga, y las medidas cautelares adoptadas para su seguridad. La víctima puede pedir no ser informada (7.2). A las víctimas de violencia de género se les notifican las resoluciones sobre prisión, libertad o fuga y sobre medidas cautelares sin necesidad de solicitarlo, salvo que digan que no quieren recibirlas (7.3). El art. 8 fija un período de reflexión: tras catástrofes, calamidades u otros sucesos con un número elevado de víctimas, abogados y procuradores no pueden ofrecerles sus servicios hasta pasados 45 días desde el hecho, salvo que la víctima los pida; incumplirlo es infracción disciplinaria muy grave. El art. 9 regula la traducción e interpretación gratuitas; si en una actuación policial se decide no facilitarlas, la víctima puede recurrir ante el juez de instrucción, y el recurso se entiende interpuesto si expresó su disconformidad al denegarse (9.4).

El art. 10 reconoce el acceso gratuito y confidencial a los servicios de asistencia y apoyo y a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, y obliga a las autoridades y funcionarios que entran en contacto con las víctimas a derivarlas a esas oficinas cuando lo exija la gravedad del delito o la víctima lo pida. Los hijos menores y los menores bajo tutela, guarda o custodia de víctimas de violencia de género, de violencia sexual o de violencia doméstica tienen derecho a las medidas de asistencia y protección de los títulos I y III. Las Oficinas de Asistencia (arts. 27 y 28 y Real Decreto 1109/2015) informan, orientan y apoyan a la víctima y colaboran en la evaluación de sus necesidades.

Participación en el proceso (título II). La víctima puede ejercer la acción penal y la civil y aportar fuentes de prueba (art. 11). El sobreseimiento se comunica a las víctimas directas que denunciaron, y pueden recurrirlo sin haberse personado antes (art. 12). En la ejecución (art. 13), si pidió las notificaciones puede recurrir ciertos autos del juez de vigilancia penitenciaria (tercer grado antes de cumplir la mitad de la condena, cómputo sobre el límite de cumplimiento, libertad condicional) en delitos graves como homicidio, lesiones, delitos sexuales, robo con violencia, terrorismo o trata: anuncia su voluntad de recurrir en cinco días desde la notificación, sin necesidad de abogado, e interpone el recurso en quince. Otros derechos: reembolso de gastos (art. 14), justicia restaurativa (art. 15), justicia gratuita (art. 16) y devolución sin demora de sus bienes incautados, salvo que su conservación sea imprescindible para el proceso o para la investigación técnica de un accidente (art. 18). La justicia restaurativa exige que el infractor reconozca los hechos esenciales, que ambos consientan informados, que no haya riesgo para la víctima y que la ley no la prohíba; el consentimiento se puede revocar en cualquier momento.

Protección de las víctimas (título III). Las autoridades adoptan las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad, libertad, seguridad e indemnidad sexual de la víctima y sus familiares, su intimidad y su dignidad, y para evitar la victimización secundaria o reiterada (art. 19). Las dependencias se disponen para evitar el contacto directo entre la víctima y el sospechoso (art. 20). En la investigación (art. 21), la víctima declara sin dilaciones, el menor número de veces posible y solo cuando sea estrictamente necesario; puede ir acompañada de una persona de su elección, y los reconocimientos médicos solo se hacen cuando son imprescindibles y el menor número de veces. Se protege su intimidad, en especial la de menores y personas con discapacidad (art. 22). La evaluación individual (arts. 23 y 24) valora sus circunstancias, la naturaleza del delito y el riesgo de reiteración, con atención especial a víctimas de terrorismo, organizaciones criminales, violencia en la pareja o familiar, delitos sexuales, trata, desaparición forzada y delitos de odio. En la investigación la hace el juez de instrucción o el de violencia sobre la mujer, sin perjuicio de la valoración provisional del fiscal o de los policías que actúan al principio; la víctima puede renunciar a las medidas.

Medidas de protección (arts. 25 y 26). En la investigación: declarar en dependencias adaptadas, ante profesionales con formación especial y en perspectiva de género, siempre ante la misma persona y, en las víctimas de violencia en la pareja, delitos sexuales o trata con fines de explotación sexual, ante una persona del mismo sexo si lo pide. En el juicio: evitar el contacto visual con el acusado, ser oída sin estar en la sala por medios tecnológicos, evitar preguntas sobre su vida privada sin relevancia y celebrar la vista sin público. También caben las medidas de la Ley Orgánica 19/1994 de protección de testigos. Para menores, personas con discapacidad necesitadas de especial protección y víctimas de violencias sexuales (art. 26): las declaraciones de la investigación se graban en soporte audiovisual y pueden reproducirse en el juicio, pueden tomarse por expertos, y el fiscal pide un defensor judicial si hay conflicto de intereses con sus representantes. Si hay dudas sobre la edad de la víctima, se presume que es menor (26.3).

Claves para el examen

• Ley 4/2015, vigente desde el 28/10/2015; solo la ha modificado la LO 10/2022 (desde el 7/10/2022).
• Ámbito (art. 1): delitos cometidos o perseguibles en España, sin importar nacionalidad, edad ni residencia legal.
• Víctima directa (art. 2.a): persona física dañada directamente por un delito.
• Víctima indirecta (art. 2.b): solo por muerte o desaparición causada por delito; no los terceros perjudicados.
• Art. 3.1: mediación y conciliación vedadas en violencia sexual y de género.
• Art. 4.c: acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto.
• Art. 6: copia certificada de la denuncia y traducción gratuita si no entiende la lengua oficial.
• Art. 7.3: a la víctima de violencia de género se le notifican de oficio prisión, libertad, fuga y medidas cautelares.
• Art. 8: abogados y procuradores no ofrecen servicios en catástrofes hasta pasados 45 días.
• Art. 9.4: la negativa policial a dar intérprete se recurre ante el juez de instrucción.
• Art. 10: derivar a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas por la gravedad del delito o a petición de la víctima.
• Art. 12.2: recurre el sobreseimiento sin haberse personado; art. 13: anuncia el recurso en 5 días y lo interpone en 15.
• Arts. 20-21: sin contacto con el sospechoso; declarar el menor número de veces posible.
• Art. 24: evalúa el juez de instrucción o de violencia sobre la mujer (provisional: fiscal o policía); la víctima puede renunciar a las medidas.
• Art. 26: declaraciones grabadas de menores y víctimas especialmente vulnerables; en caso de duda, se presume menor de edad.

Vídeos recomendados

• Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
• 4.1.3. Estatuto de la víctima
• ¿Quién es la víctima según el Estatuto de la Víctima?

← Tema 33 · Tema 35 →

Otros temas de D) Derecho penal y procesal, víctimas y menores (22-35)

• Tema 22: La infracción penal, autoría y penas
• Tema 23: Los procedimientos penales
• Tema 24: Delitos contra la Administración pública
• Tema 25: Odio, libertad de conciencia, garantías constitucionales y orden público
• Tema 26: Vida, integridad y libertad
• Tema 27: Patrimonio y orden socioeconómico
• Tema 28: Delitos contra la salud pública (drogas)
• Tema 29: Delitos contra la seguridad vial
• Tema 30: La detención
• Tema 31: Policía judicial y atestado
• Tema 32: Violencia de género y delitos contra la libertad sexual
• Tema 33: Protección integral contra la violencia de género
• Tema 35: Menores: responsabilidad penal y protección