Tema 19: Delitos contra el orden público y tenencia de armas

Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior) · Policía Nacional · Escala Básica, categoría de Policía

Resumen

Los delitos contra el orden público forman el título XXII del libro II del Código Penal. Este tema abarca sus capítulos II (atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y resistencia y desobediencia, arts. 550-556), III (desórdenes públicos, arts. 557-561), IV (disposición común, art. 562) y V (tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, arts. 563-570). Para entenderlos hacen falta dos definiciones del art. 24: es autoridad quien, solo o como miembro de una corporación, tribunal u órgano colegiado, tiene mando o ejerce jurisdicción propia (siempre lo son los diputados, senadores, parlamentarios autonómicos y europeos y los fiscales); y es funcionario público quien participa en el ejercicio de funciones públicas por disposición de la ley, por elección o por nombramiento. Los policías son agentes de la autoridad.

Atentado (art. 550.1): cometen atentado quienes agreden, o con intimidación grave o violencia oponen resistencia grave, a la autoridad, a sus agentes o a funcionarios públicos, o los acometen, cuando están ejerciendo sus funciones o con ocasión de ellas. La ley añade que siempre es atentado el cometido contra funcionarios docentes o sanitarios en el ejercicio de su cargo o con ocasión de él. La pena es de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si la víctima es autoridad, y de seis meses a tres años en los demás casos (agentes y funcionarios). Si la autoridad es miembro del Gobierno, de un consejo de gobierno autonómico, de las Cortes, de una asamblea autonómica o de una corporación local, del CGPJ, magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o fiscal, la pena es de uno a seis años y multa de seis a doce meses (art. 550.3).

Las penas del atentado suben un grado (art. 551) si se usan armas u otros objetos peligrosos; si la violencia es potencialmente peligrosa para la vida o puede causar lesiones graves (lanzar objetos contundentes o líquidos inflamables, incendiar o usar explosivos); si se acomete a la autoridad o al agente con un vehículo de motor; o si ocurre durante un motín, plante o incidente colectivo dentro de un centro penitenciario. La provocación, la conspiración y la proposición se castigan con la pena inferior en uno o dos grados (art. 553). Los arts. 552 y 555 están suprimidos desde la Ley Orgánica 1/2015.

El art. 554 extiende las penas del atentado a otros supuestos: al miembro de las Fuerzas Armadas que, vistiendo uniforme, presta un servicio legalmente encomendado; a quienes acometen, emplean violencia o intimidan a las personas que acuden en auxilio de la autoridad, de sus agentes o de los funcionarios; y a quienes acometen, emplean violencia o intimidan gravemente a bomberos, personal sanitario o equipos de socorro que intervienen en un siniestro, calamidad o emergencia para impedirles trabajar, o al personal de seguridad privada debidamente identificado que actúa en cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y bajo su mando.

Resistencia y desobediencia (art. 556). Quienes, sin estar comprendidos en el art. 550, resisten o desobedecen gravemente a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada identificado que coopera con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y bajo su mando, se castigan con prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses. Faltar al respeto y consideración debidos a la autoridad en el ejercicio de sus funciones se castiga con multa de uno a tres meses (art. 556.2). La escala, de más a menos grave, es: atentado (agresión, acometimiento o resistencia grave con violencia o intimidación grave), resistencia o desobediencia grave sin esos medios, y falta de respeto a la autoridad.

Desórdenes públicos (art. 557), en la redacción de la Ley Orgánica 14/2022. Se castigan con prisión de seis meses a tres años quienes, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecutan actos de violencia o intimidación sobre personas o cosas, obstaculizan las vías públicas causando un peligro para la vida o la salud, o invaden instalaciones o edificios alterando gravemente el funcionamiento de servicios esenciales. Si lo hace una multitud cuyo número, organización y propósito son idóneos para afectar gravemente al orden público, la pena es de tres a cinco años más inhabilitación especial. Las penas van en su mitad superior si se portan instrumentos peligrosos o hay pillaje, y suben un grado si se portan armas de fuego. Provocar una avalancha o estampida en un lugar concurrido que ponga en peligro la vida o la salud se castiga con prisión de seis meses a dos años (art. 557.5).

La invasión u ocupación en grupo del domicilio de una persona jurídica, un despacho, oficina, establecimiento o local, contra la voluntad de su titular y con una perturbación relevante de la paz pública, se castiga con prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses (art. 557 bis). Perturbar gravemente el orden en la audiencia de un tribunal, en actos públicos de una autoridad, en un colegio electoral, en un centro docente o con motivo de espectáculos deportivos o culturales se castiga con prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce (art. 558). Los daños que interrumpen líneas de telecomunicaciones, la correspondencia postal, las vías férreas o el suministro de agua, gas o electricidad se castigan con prisión de uno a cinco años (art. 560). Simular una situación de peligro o un siniestro y provocar con ello la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento se castiga con prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses (art. 561). El art. 557 ter y el art. 559 están suprimidos desde la reforma de 2022.

Disposición común (art. 562): si quien comete cualquiera de los delitos de los capítulos anteriores está constituido en autoridad, la inhabilitación prevista se sustituye por inhabilitación absoluta de diez a quince años, salvo que esa circunstancia ya esté contemplada en el tipo concreto.

Tenencia de armas (arts. 563-565). La tenencia de armas prohibidas, y la de armas reglamentadas modificadas sustancialmente, se castiga con prisión de uno a tres años (art. 563). La tenencia de armas de fuego reglamentadas sin licencia o permiso se castiga con prisión de uno a dos años si son cortas y de seis meses a un año si son largas (art. 564.1); las penas suben a dos a tres años y uno a dos años si las armas no tienen marcas de fábrica o número (o los tienen alterados o borrados), se han introducido ilegalmente en España o se han transformado. El juez puede rebajar un grado la pena cuando las circunstancias del hecho y del culpable muestren que no había intención de usar las armas con fines ilícitos (art. 565).

Fabricación, tráfico y depósito (arts. 566-570). Fabricar, comercializar o tener depósitos no autorizados de armas o municiones de guerra, químicas, biológicas, nucleares o radiológicas, minas antipersonas o municiones en racimo se castiga con prisión de cinco a diez años a promotores y organizadores y de tres a cinco a quienes cooperan; si son armas de fuego reglamentadas o sus municiones, de dos a cuatro años y de seis meses a dos (art. 566). Hay depósito de armas de fuego reglamentadas cuando se fabrican, comercializan o reúnen cinco o más, aunque estén desmontadas (art. 567.3); en las municiones, el juez decide según su cantidad y clase. La tenencia o depósito de explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes no autorizados se castiga con prisión de cuatro a ocho años a promotores y organizadores y de tres a cinco a quienes cooperan; si la sustancia es un combustible líquido, de tres a cinco años (art. 568.2, añadido por la Ley Orgánica 1/2026). Los depósitos establecidos por una asociación con propósito delictivo llevan a su disolución (art. 569), y el art. 570 permite privar del derecho a tener y portar armas por tiempo superior en tres años a la pena de prisión impuesta.

Claves para el examen

• Autoridad: tiene mando o ejerce jurisdicción propia. Funcionario: participa en el ejercicio de funciones públicas (art. 24).
• Atentado: agredir, acometer u oponer resistencia grave con violencia o intimidación grave a la autoridad, sus agentes o funcionarios en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas.
• Siempre es atentado el cometido contra docentes y sanitarios en el ejercicio de su cargo.
• Penas del atentado: contra autoridad, de 1 a 4 años y multa; contra agentes o funcionarios, de 6 meses a 3 años.
• Contra altas autoridades (Gobierno, parlamentarios, jueces, fiscales...): de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses.
• Pena superior en grado (art. 551): armas u objetos peligrosos, violencia peligrosa para la vida, vehículo de motor, motín en prisión.
• Art. 554: también protege a militares de uniforme, a quienes auxilian a la autoridad, a bomberos y sanitarios en emergencias y a vigilantes que cooperan con la policía.
• Resistencia o desobediencia grave (art. 556.1): de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses. Falta de respeto a la autoridad: multa de 1 a 3 meses.
• Desórdenes públicos (art. 557): en grupo, para atentar contra la paz pública; de 6 meses a 3 años; con multitud idónea, de 3 a 5.
• Falsa alarma que moviliza a policía o servicios de emergencia (art. 561): de 3 meses y 1 día a 1 año o multa.
• Art. 562: si el autor es autoridad, inhabilitación absoluta de 10 a 15 años.
• Armas prohibidas: de 1 a 3 años. Arma de fuego sin licencia: corta, de 1 a 2 años; larga, de 6 meses a 1 año.
• Depósito de armas de fuego reglamentadas: 5 o más, aunque estén desmontadas.
• Explosivos no autorizados: de 4 a 8 años para promotores y organizadores; de 3 a 5 para quienes cooperan.

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