Tema 21: Derecho Procesal Penal: denuncia, detención y habeas corpus

Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior) · Policía Nacional · Escala Básica, categoría de Policía

Resumen

El Derecho Procesal Penal es el conjunto de normas que regulan el proceso por el que los jueces y tribunales investigan los delitos, juzgan a sus presuntos autores y ejecutan las penas. Su ley principal es la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 (LECrim), muy reformada. La jurisdicción es la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que el art. 117.3 de la Constitución reserva exclusivamente a los juzgados y tribunales. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos solo a la Constitución y a la ley (art. 1). Al orden penal le corresponden las causas y juicios criminales, salvo los de la jurisdicción militar (art. 9.3), y la jurisdicción es improrrogable (art. 9.6). La competencia, en cambio, es el reparto de asuntos entre los distintos órganos de un mismo orden: por la materia y la gravedad (objetiva), por el territorio y por la fase del proceso (funcional).

Órganos del orden penal. Tras la Ley Orgánica 1/2025, los antiguos juzgados unipersonales se integran en Tribunales de Instancia, uno por partido judicial, organizados en secciones (art. 84 LOPJ). En materia penal hay Secciones de Instrucción (o Secciones Únicas, de Civil y de Instrucción), de lo Penal, de Violencia sobre la Mujer, de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria. Por encima están las Audiencias Provinciales, las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, el Tribunal Central de Instancia y la Audiencia Nacional (con jurisdicción en toda España para determinados delitos) y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La LOPJ enumera los tribunales en su art. 26: jueces de paz, Tribunales de Instancia, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Central de Instancia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

Denuncia. Es la declaración por la que alguien pone en conocimiento de la autoridad judicial, del Ministerio Fiscal o de la policía un hecho que puede ser delito, sin quedar obligado a probarlo ni a presentar querella (art. 264 LECrim). Quien presencia un delito público está obligado a denunciarlo inmediatamente (art. 259). No están obligados los impúberes ni quienes no gozan del pleno uso de su razón (art. 260); ni el cónyuge no separado o la pareja de hecho, ni los ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado (art. 261), salvo en delitos contra la vida, homicidio, lesiones de los arts. 149 y 150, maltrato habitual, delitos contra la libertad o la libertad sexual y trata cuando la víctima es menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Tienen un deber reforzado quienes conocen el delito por su cargo, profesión u oficio (art. 262); de ese deber quedan excluidos los abogados y procuradores respecto de lo que les cuentan sus clientes y los ministros de culto respecto de lo que conocen en su ministerio (art. 263).

La denuncia puede hacerse por escrito o de palabra, personalmente o por medio de mandatario con poder especial (art. 265), e identifica al denunciante y narra el hecho. Si es verbal se levanta acta firmada por quien la recibe y por el denunciante (art. 267), y al denunciante se le da un resguardo si lo pide (art. 268). Según el art. 266, en la redacción vigente dada por la Ley Orgánica 1/2025, no pueden denunciarse por vía telemática los hechos cometidos con violencia o intimidación, los que tienen autor conocido o testigos, los denunciados por menores de edad, los delitos flagrantes ni los de naturaleza violenta o sexual (art. 266). El atestado de la Policía Judicial tiene valor de denuncia (art. 297). Si no hay autor conocido, la policía conserva el atestado sin enviarlo al juzgado, salvo en delitos contra la vida, la integridad, la libertad sexual o de corrupción, si alguna diligencia practicada pasadas setenta y dos horas da resultado o si lo pide el Fiscal o el juez (art. 284.2).

La detención es una medida cautelar personal y provisional que priva de libertad a una persona para ponerla a disposición judicial o dejarla en libertad. El art. 17.2 de la Constitución limita la detención preventiva al tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones y a un máximo de setenta y dos horas, plazo que repite el art. 520.1 LECrim. En delitos de bandas armadas o terrorismo (art. 384 bis), la detención puede prorrogarse otras cuarenta y ocho horas si la autoriza el juez en las veinticuatro siguientes a la petición, que debe hacerse dentro de las primeras cuarenta y ocho horas (art. 520 bis). El particular que detiene debe liberar al detenido o entregarlo al juez más próximo dentro de las veinticuatro horas (art. 496), y el juez eleva la detención a prisión o la deja sin efecto en setenta y dos horas desde la entrega (art. 497).

Cualquier persona puede detener (art. 490) a quien intenta cometer un delito en el momento de ir a cometerlo, al delincuente in fraganti, a los fugados de establecimientos penales o mientras son conducidos, a los fugados estando detenidos o presos y al procesado o condenado en rebeldía. La autoridad o agente de Policía Judicial está obligada a detener (art. 492): a quien se halle en esos casos; al procesado por delito con pena superior a la de prisión correccional; al procesado por delito menor si se presume que no comparecerá, salvo que dé fianza bastante; y al no procesado cuando haya motivos racionalmente bastantes para creer que existe un delito y que esa persona participó en él. Por delitos leves no se puede detener, salvo que el presunto autor no tenga domicilio conocido ni dé fianza bastante (art. 495).

Derechos del detenido (art. 520 LECrim). La detención se practica de la forma que menos perjudique a la persona, su reputación y su patrimonio. El detenido debe ser informado por escrito, en lenguaje sencillo y en una lengua que comprenda, de los hechos, de las razones de su detención y de sus derechos: guardar silencio y declarar solo ante el juez; no declarar contra sí mismo ni confesarse culpable; designar abogado y ser asistido por él sin demora; acceder a lo esencial de las actuaciones para impugnar la detención; que se avise a un familiar o a quien desee (y al consulado si es extranjero); comunicarse por teléfono con un tercero en presencia de un policía; recibir visitas consulares; tener intérprete gratuito; ser reconocido por el médico forense; y solicitar asistencia jurídica gratuita. También se le informa del plazo máximo de la detención y de cómo impugnarla. El abogado debe acudir en un máximo de tres horas desde que recibe el encargo, y solo puede renunciarse a su asistencia en los delitos contra la seguridad del tráfico (art. 520.8). El detenido incomunicado puede ser privado, en los supuestos del art. 509, de designar abogado de confianza, de comunicarse con terceros, de entrevistarse reservadamente con su abogado y de acceder a las actuaciones (art. 527), y debe ser reconocido por un médico al menos dos veces cada veinticuatro horas.

El habeas corpus (art. 17.4 CE y Ley Orgánica 6/1984) permite obtener la inmediata puesta a disposición judicial de cualquier persona detenida ilegalmente: detenida sin supuesto legal o sin las formalidades exigidas, internada ilícitamente, retenida más allá del plazo legal o a la que no se respetan sus derechos (art. 1). Es competente el juez de instrucción del lugar donde está el detenido; si no consta, el del lugar de la detención; y si tampoco, el del lugar de las últimas noticias. En casos de terrorismo es competente el Juez Central de Instrucción (art. 2). Pueden pedirlo el privado de libertad, su cónyuge o pareja, sus descendientes, ascendientes y hermanos, sus representantes legales, su abogado, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo, y el juez puede iniciarlo de oficio (art. 3). Basta un escrito o una comparecencia, sin abogado ni procurador (art. 4), y la policía que custodia al detenido debe comunicar la solicitud inmediatamente al juez (art. 5). El juez decide por auto si lo admite, sin recurso posible (art. 6); oye a las partes y resuelve en veinticuatro horas desde el auto de incoación (art. 7), acordando el archivo o la libertad, el cambio de custodia o la puesta inmediata a disposición judicial (art. 8).

El procedimiento integral de la detención policial es el protocolo que siguen el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Lo recoge hoy la Instrucción 10/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, firmada el 15 de septiembre de 2025, que dejó sin efecto la Instrucción 1/2024. Pide practicar la detención con oportunidad (momento, lugar y modo) y evitar captar imágenes del detenido. El uso de la fuerza debe seguir los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad, con medios de menos a más lesivos; el arma de fuego es el último recurso, salvo un riesgo inminente y grave para la vida. Los grilletes se consideran medida de seguridad del art. 525 LECrim y se ponen, por regla general, con las manos a la espalda. El plazo de setenta y dos horas se cuenta desde el momento de la detención, no desde la llegada a comisaría, y todo se anota en el atestado y en el libro de registro y custodia de detenidos. La identificación en dependencias policiales de quien no puede ser identificado en la calle no puede superar seis horas.

El Ministerio Fiscal (art. 124 CE y Ley 50/1981, Estatuto Orgánico) promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, vela por la independencia de los tribunales y procura ante ellos la satisfacción del interés social (art. 1 EOMF). Actúa según los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción a los de legalidad e imparcialidad (art. 2). Entre sus funciones (art. 3) están ejercitar las acciones penales y civiles derivadas de delitos, intervenir en el proceso penal pidiendo medidas cautelares y diligencias, instruir el procedimiento de menores, velar por la protección procesal de las víctimas, testigos y peritos, e interponer el recurso de amparo. Puede visitar en cualquier momento los centros de detención y dar órdenes e instrucciones a la Policía Judicial (art. 4). La Policía Judicial auxilia a jueces, tribunales y Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes; esa función corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando se les requiere (art. 547 LOPJ), y las unidades de Policía Judicial dependen funcionalmente de jueces y fiscales (arts. 548-550 LOPJ; RD 769/1987). La Policía Judicial en sentido estricto son las Unidades Orgánicas formadas por miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil (art. 7 RD 769/1987), y sus funcionarios no pueden dejar pasar más de veinticuatro horas sin dar cuenta de sus diligencias a la autoridad judicial o al Fiscal (art. 295 LECrim).

Claves para el examen

• Jurisdicción: potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.3 CE). Competencia: reparto de asuntos entre órganos.
• Desde la LO 1/2025, los juzgados se integran en Tribunales de Instancia con secciones (Instrucción, Penal, Violencia sobre la Mujer...).
• Obligación de denunciar (art. 259); exentos: impúberes y personas sin uso de razón, cónyuge o pareja, y parientes hasta el 2.º grado colateral (arts. 260-261).
• Abogados y ministros de culto no están obligados a denunciar lo que conocen en su función (art. 263).
• No se admite la denuncia telemática de hechos violentos o sexuales, con autor conocido o testigos, de menores ni de delitos flagrantes (art. 266).
• Detención preventiva: máximo de 72 horas (art. 17.2 CE y art. 520.1 LECrim); en terrorismo, prórroga de 48 horas.
• Detención por un particular: entrega al juez en 24 horas (art. 496). Por delitos leves no se detiene salvo sin domicilio ni fianza (art. 495).
• Plazo de llegada del abogado: 3 horas. Solo cabe renunciar al abogado en delitos contra la seguridad del tráfico.
• Habeas corpus: juez de instrucción del lugar donde está el detenido; resolución en 24 horas; no hace falta abogado.
• Pueden pedir el habeas corpus: el detenido y sus familiares, su abogado, el Fiscal y el Defensor del Pueblo; el juez, de oficio.
• Procedimiento integral de la detención policial: Instrucción SES 10/2025, que deja sin efecto la 1/2024.
• Uso de la fuerza: oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Identificación en comisaría: máximo de 6 horas.
• Ministerio Fiscal: unidad de actuación y dependencia jerárquica; legalidad e imparcialidad (art. 2 EOMF).
• Policía Judicial: da cuenta de las diligencias en 24 horas (art. 295); el atestado vale como denuncia (art. 297).

Vídeos recomendados

• ¿Cuándo puedo solicitar el Habeas Corpus? | Para qué sirve? | procedimiento | DiG Abogados Barcelona · DiG Abogados Barcelona
• DERECHOS DEL DETENIDO EN ESPAÑA · Mateo Bueno Abogado
• Policía Judicial · Academia Geopol

← Tema 20 · Tema 22 →